Un “chupadero”, una “tumba” o “el infierno” mismo. Las abogadas Julia Vitar e Inés Lugones, repasaron al inicio de su alegato las calificaciones que diversas víctimas dieron a la cárcel de Villa Urquiza. Advirtieron que, en base a ellas y a las pruebas producidas, pueden determinar que la penitenciaría fue un centro clandestino de detención (CCD) que formó parte del circuito represivo montado en la provincia durante el terrorismo de Estado.

Ambas encabezan la querella de Celina “Queca” Kofman, madre de Jorge Kofman, una de las cuatro víctimas de la megacausa que permanece desaparecida.

“Villa Urquiza era un apéndice del centro clandestino Jefatura. La persona a cargo era el comisario Marcos Hidalgo, miembro del SIC (Servicio de Informaciones Confidenciales). Formaba parte de la comunidad de inteligencia, espacio donde estaban agentes de inteligencia de todas las fuerzas. La mayoría de los detenidos pasaban por ‘La Escuelita’ de Famaillá o la Jefatura antes de llevar a la cárcel”, consignó Vitar.

De acuerdo con numerosos testimonios, afirmaron, está probado que Jorge estuvo secuestrado en la penitenciaría al menos durante algunos días. Sospechan que de allí fue sacado para ser asesinado.

Requirieron penas para los imputados con procesamiento firme por el caso. Pidieron que fueran condenados a perpetua el ex militar Jorge Omar Lazarte y los guardiacárceles Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela. Por otro lado, reclamaron que Ángel Armando Audes cumpla una pena de 20 años; que Daniel Arturo Álvarez sea recluido 15 años y que Santos González, siete años.

Consideraron que los crímenes deben ser calificados en el marco del delito internacional de genocidio y que, de ser condenados, los sospechosos deben ser alojados en cárceles comunes por la gravedad de los ilícitos que habrían cometido.

Las letradas caracterizaron el CCD tomando como base los dichos de los sobrevivientes en la sala e informes de la Comisión Bicameral. Subrayaron que hubo detenidos que figuraban en los registros y otros, como Kofman, que no. Subrayaron la situación de ilegalidad al referir al rol del juez federal Manlio Martínez, quien, según testigos, no quería tomar denuncias por apremios ilegales y habría fraguado causas para justificar detenciones.

Vitar y Lugones distinguieron que fueron tres los sitios en los que fueron alojados los detenidos políticos y los llamados “subversivos”. Los hombres ingresaron primero al pabellón de encausados, donde vivieron un régimen más laxo, hasta el homicidio de José Torrente, en mayo de 1976. Luego, fueron llevados al “E”, más conocido como de “la muerte”. Describieron las condiciones allí como “nefastas”: no podían salir de celdas; no tenían baño; no podían hablar entre sí; estaban desnudos y casi no recibían alimentos ni agua. Los golpes y el maltrato, añadieron, eran constantes. Apuntaron a la “patota” de guardias comandada por Hidalgo como responsable de las torturas físicas y psicológicas.

Las mujeres, por otro lado, estuvieron separadas. “Estaban hacinadas con niños y bebés. Dos de las víctimas eran menores de edad. Otras dos fueron reducidas a la servidumbre sexual por parte de Hidalgo. Una de ellas, S.A.N, quedó embarazada y siguió siendo violada. Al momento del parto, que fue dentro de la cárcel, estuvo vendada. Dio a luz y no conoció a su bebé”, lamentó Vitar.

Las abogadas agradecieron la valentía de quienes pasaron por el calvario de “Villa Urquiza” y el valor de sus dichos para llegar a lograr justicia.

Kofman tenía 23 años al momento de su desaparición, entre junio y julio de 1975. Era estudiante y militaba Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).